• Los incentivos fiscales incrementan el crecimiento económico

    Grupo Hame Derechos Humanos

    Grupo Hame Derechos Humanos y los incentivos fiscales incrementan el crecimiento económico

    Grupo Hame Derechos Humanos

    Cuando ya llevamos recorridos más de tres lustros del Siglo XXI, se puede asegurar que las grandes aspiraciones de cualquier sociedad moderna, son casi las mismas que prevalecían durante los últimos años del siglo pasado, entre otras: crecimiento económico sostenido, desarrollo humano sustentable y, como gran resultado, las más amplias posibilidades de autorrealización individual.

    Cada una tiene su importancia particular y su contribución particular al desarrollo. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a enfocar hacia una de tales aspiraciones: el crecimiento económico y la manera en que uno de sus componentes esenciales, las contribuciones fiscales, pueden contribuir de mejor manera a lograr ese gran objetivo.

    Antes, es importante revisar algunos elementos generales del concepto de impuestos. A pesar que muchos los objetan por distintas razones, estos indudablemente son cruciales en cualquier estrategia de desarrollo. Su importancia consiste en que facilitan el financiamiento necesario para alcanzar los servicios que una población necesita, como infraestructura, salud, seguridad y educación. Y luego, son un medio redistributivo que se puede orientar hacia el combate de grandes flagelos como la pobreza, la desigualdad y la delincuencia.

    Se dice que los impuestos son progresivos, cuando representan una mayor proporción de tributación para las personas con ingresos más altos. De este modo, las personas más ricas pagan una mayor proporción de sus ingresos en impuestos que las personas más pobres. Por el contrario, un impuesto es regresivo si las personas con menores ingresos pagan una mayor proporción de estos.

    La realidad es que, pese a ese papel vital de los tributos, a casi nadie le gusta pagar impuestos. Sin embargo, guste o no, la realidad de las cosas es que se trata de un mandato legal y este se debe acatar, al igual que se observan todas las demás leyes. No es válido decir que a causa del mal uso que se hace de los recursos que se le entregan a un gobierno determinado no se deben pagar impuestos. ¡No! Eso es incitar a la violación de las normas y tampoco es éticamente aceptable.

    Debe impulsarse incentivos diversos

     En diferentes países se ha empezado a promover algunas formas ingeniosas de estimular el pago de impuestos, sin que ello signifique una transgresión jurídica. Uno de los elementos fundamentales de esta propuesta sugiere que si el empresariado tiene facilidades y hasta premios por su conducta fiscal, ello puede redundar en mejores y más sólidos niveles de crecimiento económico.

    Las propuestas concretas en ese sentido son variadas. Algunos países han implementado, sin mucho éxito, las llamadas “loterías fiscales”, pero estas sólo favorecen a determinados contribuyentes y no a una masa amplia, porque al final del día, ganarse una motocicleta o un automóvil solo estimulará a los pocos favorecidos con un premio de esta naturaleza.

    Entes serios, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) afirman que el asunto es mucho más serio que los alcances de un rifa. Hay que empezar, asegura, por visualizar el tema desde una perspectiva muy amplia, que lleve a concebir la tributación, su influencia en la competitividad y el crecimiento de las empresas como asuntos cruciales y por ello han llegado a plantear que la carga de impuestos en las compañías sea menor de la actual y, sobre todo en el caso de las firmas nuevas, para que de esa forman puedan recibir “oxígeno” en su proceso de fortalecimiento.

    Dicha asociación sostiene con firmeza un argumento que es válido en Colombia, Inglaterra o Guatemala: “La tributación debe ser vista como uno de los elementos esenciales para la competitividad” se afirma en un documento sometido a la consideración pública, pero también aclara que esto no significa que en la búsqueda de ser más productivas, las empresas no quieran pagar impuestos. Se trata, tan solo, de encontrar un equilibrio que facilite su desarrollo.

    Otro axioma que se suele llevar a la mesa, es aquel que afirma que para impulsar las inversiones y el crecimiento, especialmente en países en desarrollo -como Guatemala-, es fundamental reducir los riesgos. Es decir, hacer los mayores esfuerzos para crear un entorno empresarial estable, regulaciones eficaces y estabilidad política, por ser estos los factores principales para impulsar la inversión extranjera directa (IED).

    Afortunadamente existen otros instrumentos más sólidos que una lotería para promover inversiones por medio de desgravaciones. Algunos son en el impuesto a la renta y los menos distorsivos son aquellos que permiten que una parte de o toda la inversión sea tratada como un gasto más.

    Se afirma que la amortización instantánea (expensing) parcial o total de la inversión tiene la ventaja de poner un límite inferior a la tasa, lo cual puede resultar atractivo para un inversionista privado que recibe el incentivo (esto elimina la posibilidad de distorsiones groseras en la asignación de recursos que aparecen con otros instrumentos, como los créditos fiscales por inversión).

    Otros beneficios en materia de impuestos, más fáciles de entender y de aplicar, son las exoneraciones del pago de derechos de importación de insumos o bienes de capital (muy comunes en las zonas francas de exportación) y tratamientos especiales en el impuesto al valor agregado (IVA) o impuestos a las ventas.

    Ejemplos de experiencias exitosas de incentivos a la inversión

     Canadá

     En Canadá, cualquier empresa puede aplicar el incentivo Scientific Research & Experimental Development Tax Credit, cuya tasa depende de la estructura de capital de cada empresa.

    35% deducción por proyectos de Inversión Directa e Indirecta para empresas controladas por Canadienses (CCPCs).

    15% de deducción para empresas extranjeras.

    Pero no es todo. La mayoría de las provincias y regiones canadienses disponen de incentivos locales, adicionales al incentivo federal.

    Chile

     El gobierno chileno premia las empresas que invierten en Inversión Directa e Indirecta, independientemente de su tamaño, facturación o sector. El incentivo supone un 35% de Deducción Fiscal sobre el gasto desarrollado en proyectos de Inversión.

    Brasil:

    La Lei Do Bem es un incentivo fiscal para las empresas que invierten y están bajo el régimen fiscal del “Lucro Real” (sin perdidas). Consiste en: Deducción adicional del 60% hasta el 100% del total de gastos elegibles en Inversión Directa e Indirecta y que corresponde a beneficio real del 20.4% al 34% después de impuestos.

    Perú

     Ley nº 30309.Se aplica una súper deducción de 75% que corresponde a un beneficio real del 22.5% después de impuestos.

    Colombia: Deducción en el Impuesto Sobre la Renta por Inversiones en Investigaciones Científicas o Tecnológicas. También aplica una súper deducción de 75% para la industria de las ciencias y tecnologías. Esto significa un beneficio real de 4.3% a un 8.3% después de impuestos.

    Argentina

     Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica. Se trata de un crédito fiscal de 50% para todos los sectores con un límite de 500 mil pesos por empresa.

    Lamentablemente, Guatemala -al igual que México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay permanecen a la zaga en materia de estímulos a la inversión. Es tiempo de impulsar esta iniciativa, atendiendo primeramente a industrias que generan alta movilidad de recursos y elevada tasa de absorción de mano de obra, como ocurre con la actividad azucarera, la fabricación de cerveza, la producción minera y de aceite de palma, sobre todo si el país tiende a reducir su crecimiento económico, tal como ocurrió en 2017.

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  • RSE, REPSA Derechos Humanos

    REPSA Derechos Humanos

    Empresas en la picota por violaciones a los Derechos Humanos 

    REPSA Derechos Humanos. Si se trata de ser objetivos, hay que decir que la relación entre las empresas y los temas vinculados con los Derechos Humanos tiende a cambiar drásticamente, debido a dos factores básicos:

    1. Los Tratados de Libre Comercio (Como el DR-CAFTA) y
    2. El desarrollo de los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta es definida por la Comisión Europea como un “concepto por el cual las empresas integran, en forma voluntaria, la temática social y ambiental en sus operaciones comerciales y en sus interacciones con otros actores interesados”.

    Estos programas surgieron en los años 50 del siglo pasado, y se limitaban a cierta práctica filantrópica de las empresas para beneficiar a sus empleados y en algunos casos a ciertas comunidades. Pero ahora, en pleno siglo 21, la RSE promueve la incorporación de los derechos humanos -incluso los sociales y ambientales- como parte integral de las estrategias empresariales.Esto no es con el fin de cumplir un imperativo moral o ético, sino como una buena práctica empresarial para minimizar riesgos y mejorar el desempeño de la compañía.

    Algunos autores como Jana Silverman (de una ONG denominada Social Watch) y Álvaro Orsatti, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, añaden que el cambio en el concepto y práctica de la RSE es “trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que expusieron las graves violaciones de derechos, directa o indirectamente cometidas por los actores empresariales, lo que llevó a protestas generalizadas e impulsó la demanda de un mayor control social de las empresas”. http://www.socialwatch.org/es/node/918

    Algunas de las primeras iniciativas de la sociedad civil fueron exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables por los abusos de los derechos humanos, como Nike en Indonesia y otros países del sudeste asiático y en la presunta complicidad de la Royal Dutch Shell en la ejecución de Ken Saro Wiwa y otros activistas de derechos humanos en Nigeria.

    La reacción típica de las empresas señaladas en estos casos, fue tratar de mitigar el daño a sus operaciones y su imagen, estableciendo principios y prácticas como “códigos de conducta” e “informes de sustentabilidad” para prevenir que volvieran a suceder acontecimientos similares. Sin embargo, muchas empresas que no fueron afectadas por ese tipo de campañas, han adoptado medidas similares. Por ello, en 2017 ya no es extraño encontrar informes detallados sobre su desempeño social y ambiental, siguiendo las pautas de la Global Reporting Initiative.

    Las organizaciones de la sociedad civil, desde 1992, iniciaron juicios civiles contra las corporaciones transnacionales desde un criterio poco usado de una ley estadounidense llamada Alien Tort Claims Act (ATCA), invocada y reafirmada en los años 80 en un caso que involucraba a individuos y la sucesiva aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura. Esta legislación da derecho a los tribunales estadounidenses a dictaminar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios.

    Empero, ninguna empresa ha sido encontrada culpable de acuerdo a la ATCA. De 36 casos presentados, 20 fueron sobreseídos, unos porque los delitos no entraban dentro del ámbito de la ley (porque sólo se aplica a violaciones de normas “específicas, universales y obligatorias” como tortura, genocidio, delitos de lesa humanidad y ejecuciones sumarias) y otros, por motivos relacionados con una ley de prescripción aplicable o la incapacidad de presentar pruebas suficientes que unieran a la empresa con el delito cometido. Empresas como Drummond Mining y Chevron, fueron encontradas no culpables por el jurado. En los restantes casos las empresas llegaron a un acuerdo extrajudicial o el proceso aún continúa.

    Algo positivo, en todo caso, es que se han alcanzado acuerdos privados por la vía extrajudicial (como en el caso contra la Shell por el asesinato de los activistas nigerianos y en que la empresa efectuó un pago de US$15.5 millones a las víctimas. Estos son importantes precedente para el uso de mecanismos legales innovadores que podrían preparar el terreno para la creación de nuevos foros que aportarían soluciones a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por empresas comerciales.

    La necesidad de un cambio

     Aunque no todos los mecanismos presentados son igualmente eficaces para proteger y promover los derechos humanos y laborales fundamentales a que están obligadas las empresas, al menos puede argumentarse que la generación de iniciativas empresariales vinculadas a este modelo ha ayudado a introducir los temas de derechos humanos en la cultura empresarial. Para algunos sindicatos la RSE no sustituye leyes de protección de derechos humanos vinculantes a nivel nacional que sean coherentes con las normas internacionales, al menos no mientras no vayan acompañadas de sistemas judiciales fuertes e independientes.

    Lamentablemente, muchos gobiernos prefieren no emprender acciones fuertes para exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables de violar sus obligaciones de derechos humanos, porque temen que la inversión extranjera se desvíe hacia países que son más permisivos a la hora de hacer cumplir los derechos. Esto crea una “carrera hacia el fondo”, una competencia entre países y empresas para reducir normas regulatorias con deplorables consecuencias en cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos y estándares laborales.

    No obstante esta tendencia, la solución es cambiar los paradigmas del marco de derechos humanos para las empresas y del modelo económico en general. Un tratado internacional exhaustivo, formulado dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, podría clarificar las obligaciones sobre derechos humanos de las empresas, sin menoscabo de las numerosas iniciativas de RSE que han surgido en las últimas dos décadas, incluso en Guatemala, y establecer mecanismos para resarcir a las víctimas cuando sea imposible procesar a las empresas infractoras en las jurisdicciones nacionales. Esto constituye un paso adelante el marco conceptual propuesto por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que se basa en la obligación gubernamental de proteger los derechos, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos, y la necesidad de que las víctimas puedan acceder a remedios eficaces cuando ocurran abusos.

    Además, es necesario revitalizar el papel del Estado como modelador y regulador activo de las políticas económicas y sociales, junto con caminos endógenos al desarrollo. El refuerzo de los mercados internos y el desarrollo de la capacidad productiva nacional serían dos de los elementos fundamentales de esta ecuación. De paso, eso rompería el ciclo de dependencia de las inversiones de multinacionales poco escrupulosas. Es importante transformar en una oportunidad histórica de establecer un pacto social entre las empresas, los trabajadores, los consumidores y el Estado, lo que puede generar un nuevo modelo económico basado en los derechos humanos y el desarrollo sustentable. No se debería dejar pasar esta oportunidad, afirman Silverman y Orsatti.

  • Repsa y los Derechos Humanos

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    ¿Empresas guatemaltecas que respetan los Derechos Humanos? 

    REPSA Derechos humanos. Hasta hace unos pocos años, hablar de Derechos Humanos era hacer alusión a un tema eminentemente político. Generalmente, se incluía dentro de dicho concepto a cierto grupo de derechos esenciales para el ser humano, como el derecho a la vida (el más importante y sustancial de todos), el derecho a la libertad, a la educación, a la salud. Hasta el derecho de pensar y expresarse con entera libertad eran parte de esa serie exclusiva de derechos individuales.

    Sin embargo, a medida que la sociedad se hizo más compleja y nuevos actores fueron apareciendo en su seno, hubo necesidad de ampliar y diversificar el ámbito de los famosos derechos humanos. Así, surgieron los denominados derechos económicos, sociales y culturales o Derechos Humanos de Segunda Generación y que se orientan a garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación, a fin de asegurar no sólo los derechos humanos individuales sino el de los pueblos a los que estos pertenecen.

    Y, más recientemente aún, han surgido los Derechos Humanos de Tercera Generación, los cuales abarcan aspectos de solidaridad y contemplan asuntos que van más allá de lo local o individual, para garantizar la observancia de derechos supranacionales, es decir, que se practican a escala universal y cuya temática contempla asuntos como el derecho a la paz o a un medio ambiente sano.

    Es importante señalar que, desde su creación como enunciado formal y hasta finales del siglo XX, cuando se amplían los Derechos Humanos fundamentales, se aceptó que la observancia de los mismos era un deber fundamental y esencial que le correspondía a los Estados. Sin embargo, esto cambió radicalmente al ampliar dicho corredor de responsabilidad hacia otros sectores de la sociedad. La empresa privada, por ejemplo.

    Ejemplos de respeto a los Derechos Humanos desde la empresa

     Ahora, en el año 2017 ya no es raro encontrar empresas privadas que no solo respeten los derechos humanos de sus trabajadores. Es más: el respeto a estos principios fundamentales ha llegado a forma parte integral y básica de sus políticas de relaciones laborales.

    Vamos a examinar varias de ellas, pero hay una que nos llama poderosamente la atención para iniciar esta investigación, debido a que ha sido señalada y cuestionada por supuesto irrespeto a los Derechos Humanos, lo cual motiva a averiguar si tal cosa es cierta o si se trata de alguna campaña de desprestigio para afectar su capacidad productiva. Nos referimos a la compañía Reforestadora de Palmas de Petén, Sociedad Anónima (REPSA).

    Al conversar con trabajadores de dicha firma así como con los habitantes de comunidades cercanas a la planta procesadora de REPSA en Sayaxché, Petén, se percibe, de entrada, que el ambiente no es precisamente el de una entidad donde haya tensiones entre sus actores. Al contrario: la cordialidad con que nos reciben es un elemento que destaca durante toda la entrevista que sostuvimos tanto con ejecutivos como con varios de sus colaboradores.

    En primer lugar, destaca el documento que contiene la Política de Producción Responsable de Aceite de Palma, y que en materia de respeto a los Derechos Humanos, REPSA contempla el desarrollo de relaciones laborales cada vez más favorables al sector laboral. Esto ha sido producto de varias acciones desde diversos frentes:

    Por ejemplo, en marzo de 2016 se realizó un análisis independiente de los sistemas de gestión y prácticas laborales de REPSA, el cual estuvo a cargo de la firma especializada Ernst & Young (EY Law). Este ejercicio se llevó a cabo con el propósito de:

    1) destacar las áreas y desarrollar recomendaciones acerca de cómo los actuales sistemas y herramientas de gestión de REPSA pueden mejorarse para garantizar la plena implementación de sus políticas, y

    2) proporcionar datos de referencia sobre las prácticas de contratación y condiciones de trabajo para apoyar el cumplimiento gradual de las expectativas de los grupos de interés relacionadas con cuestiones laborales.

    Lo anterior se llevó a cabo sobre una muestra del 5% del total de empleados de REPSA, es decir, exactamente 230 personas. Se analizó la documentación que respalda las condiciones de trabajo y los términos de empleo, los contratos de trabajadores permanentes y temporales, recibos de pago, y otra documentación clave. También examinó procedimientos y políticas relativos a contratación, reclutamiento, sistema disciplinario, horas de trabajo, pagos reconocidos a los trabajadores, implementación de medidas de salud y seguridad ocupacional etc…

    Hasta ahí todo es el examen habitual. Sin embargo, lo más importante es cuando EY Law evaluó el cumplimiento de las protecciones constitucionales básicas contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación, así como la protección de la libertad de asociación y de negociación colectiva, todos ellos, elementos básicos en materia de Derechos Humanos.

    Cabe señalar que la auditoría laboral le asignó a REPSA una calificación global que reflejó:

    1. Un alto grado de cumplimiento de las obligaciones legales laborales impuestas por la legislación guatemalteca; y
    2. Un cumplimiento muy satisfactorio de los derechos constitucionales básicos así como el cumplimiento de los tratados con la         Organización Mundial del Trabajo, firmados por Guatemala. No    obstante, y hay que mencionarlo con toda transparencia, la auditoría también encontró algunas áreas de riesgo y oportunidades de          mejora, como determinar el equilibrio correcto entre trabajadores     temporales y permanentes, y cuestiones como la necesidad de generar      más confianza en los empleados sobre la utilización de los canales       disponibles del mecanismo de quejas.

    El resumen de los resultados de la auditoría más las preguntas específicas y los resultados de la encuesta se pueden encontrar, en español, aquí: http://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2017/05/ReporteErnst&Young.pdf

    Acciones concretas en materia de Derechos Humanos

    Para implementar las recomendaciones mencionadas, REPSA invirtió $1.7 millones en mejoras de infraestructura. Se construyeron nuevos edificios y duchas para quienes manipulan plaguicidas u otras sustancias que suponen un riesgo potencial para la salud.

    Todo el Equipo de Protección Personal (PPE por sus siglas en inglés) de los trabajadores, se lava y guarda en la plantación o en las instalaciones del administrador de grupo, y ya no ingresa a las viviendas de los trabajadores.

    Se han renovado las viviendas de los trabajadores, lo que incluyó construcción de nuevos dormitorios, instalaciones sanitarias, duchas y áreas de lavandería. En abril de 2017 REPSA terminó la construcción de nuevos dormitorios en los que se ha incrementado el espacio personal de cada trabajador. Además, REPSA se trazó la meta de que la superficie del piso de los dormitorios proporcione al menos 3.8 m2 por persona (las directrices de la OIT establecen 3.6 m2 por persona).

    Otra inversión importante es la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales para todas las áreas operacionales, incluyendo los dormitorios. En abril de 2017, con una inversión superior a $500,000, REPSA completó la instalación de 15 nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas reemplazaron a los sistemas sépticos más antiguos con los que antes se procesaban las aguas residuales.

    Y algo muy importante: a partir de enero de 2017 se proporcionó sistemas de purificación de agua a las viviendas de los trabajadores. Estos sistemas son los primeros de su tipo en la agroindustria guatemalteca y ahora, todos los trabajadores que residen en los dormitorios tienen ahora agua potable más segura en sus viviendas, incluso en el área de la cocina.