RSE, REPSA Derechos Humanos

Empresas en la picota por violaciones a los Derechos Humanos 

REPSA Derechos Humanos. Si se trata de ser objetivos, hay que decir que la relación entre las empresas y los temas vinculados con los Derechos Humanos tiende a cambiar drásticamente, debido a dos factores básicos:

  1. Los Tratados de Libre Comercio (Como el DR-CAFTA) y
  2. El desarrollo de los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Esta es definida por la Comisión Europea como un “concepto por el cual las empresas integran, en forma voluntaria, la temática social y ambiental en sus operaciones comerciales y en sus interacciones con otros actores interesados”.

Estos programas surgieron en los años 50 del siglo pasado, y se limitaban a cierta práctica filantrópica de las empresas para beneficiar a sus empleados y en algunos casos a ciertas comunidades. Pero ahora, en pleno siglo 21, la RSE promueve la incorporación de los derechos humanos -incluso los sociales y ambientales- como parte integral de las estrategias empresariales.Esto no es con el fin de cumplir un imperativo moral o ético, sino como una buena práctica empresarial para minimizar riesgos y mejorar el desempeño de la compañía.

Algunos autores como Jana Silverman (de una ONG denominada Social Watch) y Álvaro Orsatti, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, añaden que el cambio en el concepto y práctica de la RSE es “trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil que expusieron las graves violaciones de derechos, directa o indirectamente cometidas por los actores empresariales, lo que llevó a protestas generalizadas e impulsó la demanda de un mayor control social de las empresas”. http://www.socialwatch.org/es/node/918

Algunas de las primeras iniciativas de la sociedad civil fueron exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables por los abusos de los derechos humanos, como Nike en Indonesia y otros países del sudeste asiático y en la presunta complicidad de la Royal Dutch Shell en la ejecución de Ken Saro Wiwa y otros activistas de derechos humanos en Nigeria.

La reacción típica de las empresas señaladas en estos casos, fue tratar de mitigar el daño a sus operaciones y su imagen, estableciendo principios y prácticas como “códigos de conducta” e “informes de sustentabilidad” para prevenir que volvieran a suceder acontecimientos similares. Sin embargo, muchas empresas que no fueron afectadas por ese tipo de campañas, han adoptado medidas similares. Por ello, en 2017 ya no es extraño encontrar informes detallados sobre su desempeño social y ambiental, siguiendo las pautas de la Global Reporting Initiative.

Las organizaciones de la sociedad civil, desde 1992, iniciaron juicios civiles contra las corporaciones transnacionales desde un criterio poco usado de una ley estadounidense llamada Alien Tort Claims Act (ATCA), invocada y reafirmada en los años 80 en un caso que involucraba a individuos y la sucesiva aprobación de la Ley de Protección de las Víctimas de Tortura. Esta legislación da derecho a los tribunales estadounidenses a dictaminar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios.

Empero, ninguna empresa ha sido encontrada culpable de acuerdo a la ATCA. De 36 casos presentados, 20 fueron sobreseídos, unos porque los delitos no entraban dentro del ámbito de la ley (porque sólo se aplica a violaciones de normas “específicas, universales y obligatorias” como tortura, genocidio, delitos de lesa humanidad y ejecuciones sumarias) y otros, por motivos relacionados con una ley de prescripción aplicable o la incapacidad de presentar pruebas suficientes que unieran a la empresa con el delito cometido. Empresas como Drummond Mining y Chevron, fueron encontradas no culpables por el jurado. En los restantes casos las empresas llegaron a un acuerdo extrajudicial o el proceso aún continúa.

Algo positivo, en todo caso, es que se han alcanzado acuerdos privados por la vía extrajudicial (como en el caso contra la Shell por el asesinato de los activistas nigerianos y en que la empresa efectuó un pago de US$15.5 millones a las víctimas. Estos son importantes precedente para el uso de mecanismos legales innovadores que podrían preparar el terreno para la creación de nuevos foros que aportarían soluciones a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por empresas comerciales.

La necesidad de un cambio

 Aunque no todos los mecanismos presentados son igualmente eficaces para proteger y promover los derechos humanos y laborales fundamentales a que están obligadas las empresas, al menos puede argumentarse que la generación de iniciativas empresariales vinculadas a este modelo ha ayudado a introducir los temas de derechos humanos en la cultura empresarial. Para algunos sindicatos la RSE no sustituye leyes de protección de derechos humanos vinculantes a nivel nacional que sean coherentes con las normas internacionales, al menos no mientras no vayan acompañadas de sistemas judiciales fuertes e independientes.

Lamentablemente, muchos gobiernos prefieren no emprender acciones fuertes para exigir la rendición de cuentas de las empresas responsables de violar sus obligaciones de derechos humanos, porque temen que la inversión extranjera se desvíe hacia países que son más permisivos a la hora de hacer cumplir los derechos. Esto crea una “carrera hacia el fondo”, una competencia entre países y empresas para reducir normas regulatorias con deplorables consecuencias en cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos y estándares laborales.

No obstante esta tendencia, la solución es cambiar los paradigmas del marco de derechos humanos para las empresas y del modelo económico en general. Un tratado internacional exhaustivo, formulado dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, podría clarificar las obligaciones sobre derechos humanos de las empresas, sin menoscabo de las numerosas iniciativas de RSE que han surgido en las últimas dos décadas, incluso en Guatemala, y establecer mecanismos para resarcir a las víctimas cuando sea imposible procesar a las empresas infractoras en las jurisdicciones nacionales. Esto constituye un paso adelante el marco conceptual propuesto por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que se basa en la obligación gubernamental de proteger los derechos, la responsabilidad empresarial de respetar los derechos, y la necesidad de que las víctimas puedan acceder a remedios eficaces cuando ocurran abusos.

Además, es necesario revitalizar el papel del Estado como modelador y regulador activo de las políticas económicas y sociales, junto con caminos endógenos al desarrollo. El refuerzo de los mercados internos y el desarrollo de la capacidad productiva nacional serían dos de los elementos fundamentales de esta ecuación. De paso, eso rompería el ciclo de dependencia de las inversiones de multinacionales poco escrupulosas. Es importante transformar en una oportunidad histórica de establecer un pacto social entre las empresas, los trabajadores, los consumidores y el Estado, lo que puede generar un nuevo modelo económico basado en los derechos humanos y el desarrollo sustentable. No se debería dejar pasar esta oportunidad, afirman Silverman y Orsatti.

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